Violación y aborto

El Ecuador, a través del Legislativo, cierra los ojos a una lacerante realidad. Según publicación de Diario El Universo del 9 de diciembre pasado, “Miles de niños y adolescentes han sufrido violencia sexual ligada a la escuela en Ecuador desde 2014, denunció la ONG Human Rights Watch”. Al menos 4.221 la padecieron entre ese año y mayo de 2020, según datos gubernamentales analizados por  esa Institución, pudiendo ser muchos más, porque  no siempre son denunciados.

El 6 de diciembre, diario El comercio publicó algo espeluznante ocurrido en Argentina: A una niña de 12 años que fue violada y está embarazada de gemelos, las autoridades le niegan derecho a abortar. Pese a que la interrupción legal del embarazo está regulada en  ese país desde el año 1921 y fue reformada en 2019, para garantizar el acceso a la salud de menores de 15 años, que fueron víctimas de una violación o cuya vida se encuentra en riesgo producto de la gestación, las autoridades le negaron a la niña el acceso a este protocolo. Dicho sea de paso, esta madrugada, la Cámara de diputados de Argentina aprobó la legalización del aborto. Faltaría la de la Cámara del Senado.

Volviendo a nuestro país, en Diario El comercio del 9 de noviembre de 2020  se lee lo siguiente: “Mujeres y defensores de derechos piden a la Corte Constitucional no ser indolentes ante aborto por violación…”. Este pedido fue hecho por 675 organizaciones de derechos, quienes presentaron una acción de inconstitucionalidad al numeral dos del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por el cual el aborto no será punible si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Es decir, que todas las otras, los miles de miles de mujeres, de todas las edades, abusadas y violadas, tienen que conformarse con llevar a término un embarazo no deseado, fruto de uno de los actos más crueles, degradantes y traumatizantes, como es una violación, y soportar de por vida la crianza y desarrollo de un hijo, en cuya cara verá siempre el rostro de aquel que le malogró la existencia.

Para los legisladores y para aquellos que dicen defender la vida -que solo toman en cuenta la de un feto de quien todo ignoramos, desconociendo por completo la existencia de esa pobre mujer que, por desgracia del destino, salió embarazada sin quererlo y de qué manera-,  no consideran su sufrimiento  y la condenan a vivir hasta la muerte una tragedia sin límites.

Realmente, no hay excusa alguna para oponerse a la permisión del aborto en esos casos. Estamos seguros de que quienes lo hacen no obrarían, de ninguna manera, como lo sostienen, es decir, permitiendo que la infeliz mujer tenga un hijo producto de una violación, si se tratase de un ser cercano a ellos.

Tenemos que considerar cuál vida es más valiosa, la del que está por venir, de quien nada conocemos o la de la víctima.

Por otro lado, ¿con qué derecho defienden la vida de aquel que está por nacer y penalizan a la madre de esa manera? ¿Quién se los ha otorgado?

Confiemos en que los legisladores recapaciten, así como los miembros de la Corte Constitucional, y se eche abajo esta disposición discriminatoria, absurda, cruel, infamante y oprobiosa.