Enredo electoral e inseguridad jurídica

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Nos encontramos a pocas semanas del día en que nos han convocado a elegir Presidente y Vicepresidente de la República, asambleístas y representantes al Parlamento Andino, esto es, del 7 de Febrero del 2021.

No obstante la proximidad de esta fecha, aún no sabemos siquiera quiénes son todos los candidatos que  van a ser confirmados para participar en la lid electoral. Y esto, agravado por una campaña que, aunque oficialmente aún no debiera empezar, sin embargo, en unos ya tuvo su inicio hace tiempo, tanto, que los discursos se vuelven cansinos porque no hay nada nuevo de qué hablar o proponer, que no sea rebatir lo que un contrincante esté diciendo o queriendo vender como idea.

Por otro lado, son tantos los aspirantes a la primera magistratura de la nación, -algunos hasta ayer totalmente desconocidos-, que los votantes no saben qué camino -y diríamos con mayor gravedad- qué destino tomar. Por si esto fuese poco, la autoridades electorales no se ponen de acuerdo entre sí, ni en el propio Consejo, y menos con los del Tribunal Contencioso, habiendo recurrido los primeros a la Corte Constitucional a fin de encontrar una salida al empantanamiento en que se encuentran, y, además, han denunciado a algunos jueces  de dicho Tribunal por supuesto prevaricato y obstrucción del proceso electoral. Para rematarla, la Fiscalía General del Estado se ha dirigido a la Corte Nacional, según Diario El Comercio del martes pasado, para preguntar si es procedente iniciar una investigación previa en contra de las máximas autoridades del CNE por hechos que “recaen en el ejercicio de sus funciones y en medio de un proceso electoral”. Finalmente, uno de los movimientos, que aún no puede inscribir a sus candidatos, ha presentado una acción de queja ante dicho Tribunal contra ciertos vocales del Consejo por, supuestamente, haber cometido una infracción muy grave al no haber acatado la sentencia dictada por el Tribunal, -según relata El Comercio del día de ayer-, para la prórroga de los plazos de inscripción de todas las candidaturas.

La gente, entonces, no se siente segura de nada, porque no sabe a qué atenerse ni a quién creer, y, menos, cómo desenredar esta maraña de hechos que no son nada favorables al proceso democrático más importante que va a vivir el país el próximo año.

Y lo que más preocupa es, entonces, la inseguridad jurídica que vivimos, una vez más y con este motivo. ¿Dónde están las fallas nos preguntamos? ¿En la Constitución, en las leyes, en las instituciones, en los partidos y movimientos políticos, en los candidatos?

Diríamos que en todos un poco. Nuestro sistema electoral, desde siempre ha sido muy frágil y, a ratos, poco fiable. Históricamente esto ha sido así, y no ha variado en mucho desde que somos república. Se supone que, cuando se redactan las normas constitucionales, legales y reglamentarias, todo debe de quedar tan claro de tal forma que no haya el menor resquicio por el cual se pudiese sembrar una duda. Pero, debemos reconocer que, más allá de que hay grupos políticos enquistados en el poder legislativo y que no quieren perder sus prebendas, también, por una razón u otra, las disposiciones dejan puertas abiertas para que se produzcan situaciones como la que estamos viviendo.

No hemos aprendido del pasado y lo peor es que, con esta inseguridad jurídica producto de lo narrado, las inversiones nacionales y extranjeras se alejan cada vez más de nuestro país, quitándonos la posibilidad de vivir días mejores.

Confiemos en la transparencia y equidad de todos elementos y entes que tienen que ver con este enredo electoral a fin de que tengamos próximamente unas elecciones limpias y con reglas claras y precisas. Eso es lo que aspira el pueblo ecuatoriano.