Terrenos urbanos pagarán por plusvalía desde el 2021

El sector de bienes raíces mira con inquietud el proyecto.

Los terrenos también están contemplados en el proyecto de ley sobre plusvalía, enviado el jueves pasado a la Asamblea con el carácter económico urgente.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene previsto reunirse este miércoles para calificar el proyecto y definir la comisión que se encargará de su análisis. 
La iniciativa busca gravar con un impuesto del 75% a las ganancias extraordinarias en la venta de inmuebles, pero en el caso de los terrenos urbanos baldíos la iniciativa da una prórroga de cinco años para iniciar el cobro del nuevo tributo.

El actual Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) fija ya un impuesto a la plusvalía de hasta el 10%, que se cobra a la diferencia entre el avalúo municipal del bien y su valor comercial. Este se paga en el momento de vender el bien y aplica para todos los predios urbanos, incluidos los terrenos.

El Ejecutivo cree que este tributo no ha sido suficiente para combatir la especulación y propone elevarlo al 75% que se aplicará a la ganancia ‘extraordinaria’ y que, para el Gobierno, es ilegítima.
Pero para terrenos urbanos baldíos la iniciativa plantea un tiempo de transición hasta el 2021 para no pagar ese tributo cuando se trate de la primera venta.

En ese período se seguirá cobrando el actual 10% contemplado en el Cootad. 
 Según el proyecto de ley, se consideran terrenos urbanos baldíos a aquellos con dotación de agua potable, servicio de alcantarillado o energía eléctrica con menos del 10% de edificación.
La iniciativa legal busca frenar la especulación de la tierra, según anota uno de los considerandos del proyecto.

El cobro de la plusvalía extraordinaria para vivienda y departamentos tampoco será inmediato, sino que regirá desde la segunda venta del bien. El propio director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, indicó que los efectos del proyecto no se verán en el corto plazo.
 El funcionario explicó que el tiempo de transición para los terrenos es un incentivo para que los propietarios edifiquen.

“El suelo es para que se construya y no se esté acaparando. Si en cinco años no se han vendido esos terrenos aplica el 75% a la ganancia extraordinaria”.
 Para Jaime Rumbea, vocero de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador, los plazos para aplicar el proyecto demuestran que “de urgente el proyecto de ley no tiene nada”.

Indicó que la norma debería tener un período transitorio más claro para “que no tengamos el efecto pernicioso que tenemos con nuestros clientes que están nerviosos; los constructores están ahora dedicando su tiempo a atender reclamos y preocupaciones de los clientes, en lugar de dedicarlo a recuperar el dinamismo”.

Aunque se eleva el pago por plusvalía al 75%, el Gobierno defiende que el cobro se realizará después de reconocer al propietario una ganancia ordinaria. Para eso se considera la tasa de interés que paga un banco y, además, un monto exento de 24 salarios (USD 
8 496). El dueño del predio puede descontar gastos y tasas por mejoras realizadas.

Para el presidente de la República, Rafael Correa, el monto del impuesto a pagar es bajo siempre y cuando no exista especulación. 
Aunque el proyecto excluye del cobro a constructores, el nuevo tributo es un desincentivo para la inversión en el sector, dijo Enrique Pita, titular de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción.

“La gente recurre a la venta de inmuebles para obtener un valor que le permita comprar una propiedad nueva, pero ahora el Estado está al acecho de ver la plusvalía de ese bien”.
 Más allá de si los valores a pagar que plantea el proyecto son justos o injustos, cree que es “inoportuno e inconveniente”, pues genera incertidumbre en un sector que este año decrecerá 10,3%, según datos del Banco Central del Ecuador.

PrensaInforma

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