Se analizan duras sanciones para asambleístas que falten excesivamente

Las sanciones para los asambleístas que falten excesivamente, la optimización de la fiscalización y el accionar en casos como el de Esperanza G. son algunos de los temas que se incluyen en el proyecto de reformas para la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El proyecto lleva varias semanas en discusión.

Sobre este proyecto se presentaron 10 diferentes iniciativas. Cuatro de legisladores oficialistas y seis de oposición. La más extensa fue la de Gabriela Rivadeneira, presidenta del Legislativo, que propone 43 artículos reformatorios.
Con base en esta propuesta se armó el proyecto final. Se incluyeron varios artículos impulsados por la oposición y varios por el oficialismo.

Según Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión, el proyecto tendrá unos 60 artículos.
 Sobre las 10 propuestas se hicieron talleres de socialización en Imbabura, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Rivadeneira, entre otras cosas, propone reformar el artículo 115 de la Ley en donde se estipulan los causales para la cesación de los asambleístas. Se plantea incluir un mecanismo a seguir cuando un asambleísta es privado de la libertad, como el caso de Esperanza G., quien cobró 13 meses pese a estar detenida.

En estos casos, según el proyecto, mientras no se demuestre la culpabilidad no es causal de destitución. Sin embargo, si el legislador es declarado culpable se procedería a la destitución pese a que la sentencia no esté ejecutoriada.

Además, la Presidenta del Legislativo propone que el 40% de inasistencias a las sesiones del Pleno de un asambleísta sea motivo de destitución. Para esto se examina un método progresivo de faltas.

Si un legislador en un mes no asiste al 40% de sesiones podría perder el 60% de su sueldo. Si en seis meses se reitera esta falta, se contempla la suspensión por 30 días sin sueldo y si por tercera ocasión en seis meses repite, podría llegarse a la destitución.

La oficialista María José Carrión no concuerda con esta propuesta. Ella asegura que este es un tema administrativo. Su alternativa es que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo norme con una reforma y estipule sanciones administrativas.
“Si uno es elegido por el pueblo, uno debe entender que adquiere nuevas responsabilidades y dejar de lado sus otras responsabilidades” , dijo la legisladora en su comparecencia para argumentar su propuesta.

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