Pedidos de renuncia a vocales del CPC surgen por el caso Odebrecht

Sectores sociales insisten en pedir la renuncia de los vocales y hasta la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), creado con la Constitución de Montecristi, porque creen que incumplió sus principales atribuciones constitucionales de luchar contra la corrupción y elegir autoridades con transparencia.

Este pedido surgió en la campaña electoral, pero se acentuó tras los escándalos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht y la supuesta implicación del contralor Carlos Pólit –electo por el CPC– que se conocieron en días pasados.

Y de hecho, para hoy está prevista la comparecencia de las autoridades del Consejo en la Comisión de Fiscalización que tramita un juicio político contra el contralor.

Ellos deberán explicar cómo se efectuó la designación de Pólit, hoy acusado del cometimiento del presunto delito de concusión por la Fiscalía.

Ya en junio del 2016, el vicepresidente del Consejo, Edwin Jarrín, reconoció en una plenaria pública que le preocupaba la “inacción” en el interior del organismo en la labor anticorrupción, a cargo de la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción, y que estaba dirigida por Geovanni Bravo, hoy principal colaborador del fiscal Carlos Baca Mancheno.

“Uno de los roles fundamentales y exclusivos del Consejo es la lucha contra la corrupción, y no estamos teniendo resultados, no estamos teniendo impacto en lo que estamos haciendo y es necesario reconfigurar, redefinir y mejorar las capacidades técnicas, y eso no está pasando”, dijo Jarrín.

En el 2016, se receptaron 464 denuncias, de las que 111 fueron trasladadas a otras instituciones, 202 fueron a investigación, y 145 están archivadas.

Del año en curso, según los registros del organismo, se trataron 41 denuncias, de las que unas 20 fueron archivadas, 11 se trasladaron a Contraloría; cuatro a Fiscalía; y de seis se pidió ampliación a la Secretaría de lucha contra la corrupción.

Raquel González, presidenta del CPC, defiende su trabajo y asegura que ellos han “promovido la participación ciudadana para garantizar la transparencia”. Cuando habla de los casos de investigación resalta uno referido al Servicio de Contratación Pública en el que supuestamente se beneficiaba a familiares con la entrega de contratos y otro sobre un “asambleísta que tenía enrolada a una funcionaria que no tenía nada que ver con la Asamblea”.

Desde la sociedad civil, el coordinador de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, cree que “todos los casos que se investigan son aquellos que se pueden ver del cuello para abajo, porque del cuello para arriba no ven nada”.

Refiere que ni el gobierno de Lenín Moreno “cree en el Consejo”, pues crearon un Frente Anticorrupción, aunque también “nació muerto”.

Su propuesta es que los siete vocales deben “ser llamados a juicio político y sancionados por su inoperancia”.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García Falconí, consideró que el trabajo del Consejo “ha sido un fracaso”, por lo que coordinarán con grupos sociales para plantear un pedido de renuncia de los consejeros.

“Se han concentrado en investigar las corrupciones mínimas, pero los grandes casos de corrupción, como el de Odebrecht, hasta ahora no los ven. La capacidad para investigar la tenían, pero es un organismo convertido en departamento de relaciones humanas para nombrar las autoridades”, opinó.

El exvocal del Consejo, David Rosero, recordó que en la gestión anterior no “había la voluntad política para investigar, se burocratizaban los procesos, a lo que se sumaba el recorte de presupuesto para el trabajo contra la corrupción”. Y cree que eso sigue ocurriendo.

Propone que se haga una reforma a la Constitución para que las autoridades de control se elijan por voto popular.

Prensa Informa

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