Pagos del IESS por $ 252 millones, bajo pesquisa penal

La Fiscalía tiene en investigación previa presuntas irregularidades en pagos por $ 251’985.858,43, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) realizó entre 2012 y 2015 a diez clínicas privadas de Guayaquil y Quito por la prestación externa de servicios de salud a afiliados y pensionistas.

El caso se hizo público en julio del año anterior, tras conocerse los resultados de exámenes de la Contraloría General del Estado a planillas de pago por un total de $ 503’722.125, que el Seguro hizo a 36 prestadores (24 en Pichincha y 12 en Guayas). Esos desembolsos fueron validados por la empresa R.DES Servicios Corporativos, contratada por el IESS.

Las denuncias también alcanzan a funcionarios del Seguro Social, ya que -según la Contraloría- incumplieron normas aplicables en los procesos de acreditación, contratación y derivaciones de pacientes atendidos por los prestadores.

En su momento, Richard Espinosa, presidente del directorio de la entidad, indicó que se haría un cruce de cuentas con las clínicas involucradas, para recuperar los pagos efectuados indebidamente. Así también, responsabilizó en las supuestas anomalías a la firma encargada de analizar las facturaciones, a la cual -según dijo- se le declararía terminado el contrato de manera inmediata.

Tras 10 meses de la denuncia, ¿qué ha hecho el IESS para recuperar esos recursos y cuáles son los procesos seguidos contra los presuntos implicados en el caso?

El organismo informó a EXPRESO que “se ha venido cumpliendo tanto con las recomendaciones hechas por Contraloría, así como con el cronograma interno planteado por las autoridades del IESS”.

Mencionó que se ha determinado la metodología para cumplir con la revisión total de los expedientes de los pagos a prestadores. Ese trabajo debían hacerlo comisiones conformadas por delegados de los prestadores externos de salud, de la empresa R.DES y del Seguro Social.

Pero la firma evaluadora y el Seguro finiquitaron en 2016 el compromiso que los vinculaba contractualmente. Homero Aguinaga, gerente general de R.DES, dijo a este Diario que la empresa ha presentado sus descargos ante la Fiscalía sobre los supuestos pagos irregulares. “Del tema están encargados nuestros abogados, más detalles no le puedo dar”, respondió.

Este medio pidió un pronunciamiento a la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe), para conocer qué gestiones ha realizado frente a las denuncias en contra de varios de sus afiliados, mas no hubo respuesta.

Con respecto a acciones administrativas, el IESS menciona que se están cumpliendo conforme lo dispuesto por la Contraloría, para una vez concluidas “poder determinar las posibles acciones civiles o penales que puedan desprenderse de estas”.

Como la relación contractual del IESS con la empresa evaluadora R.DES terminó el año pasado, por ahora un equipo de auditores de la institución está a cargo del proceso de revisión y pago mensual de los prestadores externos de salud.

Con la apertura de sus nuevos hospitales, la institución bajará la dependencia con las clínicas particulares para la prestación a los afiliados. Desde 2016 ha cerrado 168 convenios y en este año está definiendo un cronograma de cierre de compromisos con prestadores que no brindan un adecuado servicio, según informó.

No obstante, la entidad no respondió a EXPRESO si a la fecha mantenía deudas con las instituciones de salud privadas y a cuánto ascendían los valores por los servicios prestados.

El contrato con R.DES concluyó

El IESS afirma que terminó su relación contractual con la empresa R.DES en junio del 2016 y que se encuentra en el proceso de contratación de la nueva firma que auditará los expedientes de las atenciones que brindaron los prestadores externos de salud.

Pero entre la documentación sobre esa contratación que la entidad de seguridad social subió al portal de Compras Públicas, figura un contrato modificatorio suscrito con R.DES el 22 de agosto de 2016. Su objeto: corregir una cláusula correspondiente a multas.

Homero Aguinaga, gerente de la firma evaluadora, asegura a EXPRESO que el contrato original, que se firmó el 23 de febrero de 2016, por $ 1’568.859,84 y con un plazo de 270 días, se finiquitó en agosto, según lo contractualmente establecido. “Terminamos en buenos términos y hoy no tenemos relación comercial con el Seguro”, precisa.

Prensa Informa

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