La Comisión de Régimen Económico aprobó informe de presupuesto 2018

 

La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para debate de la proforma presupuestaria 2018.

La ratificación del presupuesto de $ 34.854 millones se dio una vez que se confirmó el cumplimiento de normativas constitucionales, legales y técnicas. Se prevé el tratamiento en el pleno a finales de noviembre.

El viernes 17 de noviembre, con 12 recomendaciones la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para primer debate de la proforma presupuestaria 2018 con 10 votos a favor, uno en contra y una abstención. En el documento se recomienda que el Ministerio de Trabajo, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y el Ministerio de Finanzas elabore una nueva programación para el pago de la totalidad de haberes pendientes por incentivos de jubilación de los servidores públicos y que se informe a la comisión sobre los plazos y los montos que se pagarán en los siguientes años, garantizando que los montos asignados sean al menos iguales a los dispuestos en 2017.

Adicionalmente, que se solicite a la cartera de Finanzas consolide e informe de manera trimestral los pagos por concepto de incentivo a la jubilación. Además,  que el Ministerio de Finanzas, el Servicio de Aduanas y el Banco Central realicen un monitoreo permanente del comportamiento de la balanza comercial para asegurar la consecución de las previsiones macroeconómicas establecidas en la planificación cuatrianual 2018-2021 y fortalecer el desempeño de la dolarización y el desempeño de la producción.

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Henry Kronfle, quien se abstuvo en la votación, mencionó que en la proforma presupuestaria los ingresos por impuestos podrían tener una sobrestimación de más de $ 700 millones como consecuencia de los montos generados en 2017 que el propio Servicio de Rentas Internas (SRI) registra. Los ingresos por petróleo que registran transferencia de capital durante 2017 sufrieron una disminución de su presupuesto codificado de más de 800 millones y aquel ajuste no fue considerado en la estimación de la proforma para el siguiente año.

“La sobrestimación podría superar los $ 1.300 millones”. El legislador agregó que  el superávit permanente de la proforma 2018 es inferior al del año anterior y que podría achicarse más como consecuencia de la sobrestimación de impuestos. “La ruta de aumentar impuestos para mejorar el superávit fiscal en el mediano plazo puede ser perjudicial para la economía que luego de 18 años de dolarización refleja un estancamiento que no se corrige con más impuestos “, señaló.

Por su parte, Mae Montaño, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), quien votó en contra del informe, dijo que la proforma presupuestaria no es realista, por lo que esta no debería ser aprobada. “Es necesario observar esta proforma presupuestaria porque la política fiscal tiene que cambiar su rumbo. Esta proforma no habla de afrontar la crisis, habla de gastar en la misma medida y de aplicar la misma medicina que en la época de bonanza de los últimos 10 años.”

El asambleísta Juan Lloret cuestionó que a pesar de la política de austeridad anunciada por el presidente Lenín Moreno, en los montos globales de la proforma en cuanto a pago de personal en gastos corrientes y pago de servicios y bienes se ve un notable incremento.

“La misma estructura del Estado a nivel burocrático, de maestros, médicos sufre un incremento por la misma dotación de servicios y la cobertura que debemos tener. Sin embargo, los montos son altos”, señaló Lloret. Se prevé el tratamiento en el pleno a finales de noviembre.

La proforma para el siguiente año, que fue enviada por el Ejecutivo para su aprobación, registra un nivel de gasto menor en 5,3% con respecto al presupuesto aprobado en 2017 y que ascendía a $  36.818 millones.

La banca cuestiona el manejo de la liquidez El proyecto de ley económica propone modificar los artículos 95 y 96 del Código Monetario y Financiero referentes a la obligación de proveer liquidez y a la garantía de dinero circulante. Si se aprueba el proyecto, el sistema financiero privado compartirá la responsabilidad del Banco Central del Ecuador de sostener la liquidez del país.

Así lo explicó el presidente de la Asociación de Bancos Privados, Julio José Prado, y dijo que  “eso es totalmente equivocado”, pues los bancos solo respaldan los depósitos de sus clientes. Además, agregó que la reforma al artículo 96 implicaría que los bancos tendrían que traer sus remesas del exterior cuando existan problemas de balanza de pagos o de política monetaria.

Sobre el impuesto a los retiros en efectivo de $ 5.000, incluso con las excepciones anunciadas por el presidente Lenín Moreno, Prado considera que es “inoperable” porque los bancos no pueden hacer diferenciaciones cuando un agricultor o constructor saque su dinero. “La medida va a tener un impacto mínimo y generar el efecto contrario al esperado (de desincentivar el uso de dinero físico)”. Otro tema que preocupa a la Asobanca es la eliminación del incentivo a la capitalización de inversiones o para reinvertir en una empresa, aunque ese articulado está en análisis.

La cuarta inquietud de Prado se refiere a que el proyecto de ley establece que los datos crediticios de las personas pasen a la Superintendencia de Bancos. Prado afirmó que eso pondría en riesgo los historiales crediticios de los clientes.

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