Gustavo Jalkh denuncia amenazas contra jueces

La factibilidad de hacer una consulta para conocer la opinión de la población de Morona Santiago, incluida la etnia shuar, sobre la extracción de cobre en sus territorios,  actualmente es nula.

Así lo dio a conocer ayer Rodrigo López, gobernador de la provincia amazónica, quien basa su afirmación en que el actual proyecto minero San Carlos Panantza, ubicado entre los cantones San Juan Bosco y Limón Indanza, está en su primera fase de análisis.

En cambio, el Ministerio de Minería aseguró que los proyectos no afectan territorios ancestrales (ver infografía). “Este proyecto extractivo que sin duda es uno de los más grandes del país, está en etapa de exploración avanzada, lo que significa que aún no se extrae el mineral.

Por tanto, no cabe la posibilidad de ahora mismo aplicar una consulta popular, pues la Constitución nos faculta a hacer esto antes de la explotación, proceso que podría tardar entre cuatro y cinco años”, dijo López.

Enfatizó que las incursiones de una facción de la etnia shuar en San Carlos Panantza, al menos dos en lo que va del año, no defienden predios ancestrales, es decir propiedades de los pueblos autóctonos. “Hace más de una década estas tierras fueron vendidas legalmente por dos familias mestizas a la empresa EXSA, lo que desbarata el discurso de quienes el pasado miércoles asesinaron a un agente policial que custodiaba el complejo minero, e hirieron al menos a otras siete personas”, agregó el funcionario.

Tras esos hechos se declaró el estado de excepción en Morona Santiago, que prohíbe eventos de congregación masiva y faculta la militarización de zonas conflictivas, pero que no ha alterado las actividades en Macas (capital provincial), Sucúa, Tiwintza, Logroño, Taisha, Palora, Pablo Sexto y demás cantones.

La presencia militar en el acceso al cantón San Juan Bosco se debe a los controles diarios de armas y más material bélico que allí se realizan, a fin de evitar cualquier tipo de enfrentamientos entre grupos subversivos y fuerzas del orden.

El Ejército informó que en el sitio hay vehículos blindados solo con el propósito de enfrentar los ataques y que no se usan armas contra la población civil. Ayer, en Macas, se instaló la Mesa de Justicia con el propósito de coordinar acciones para garantizar el Estado de derecho y el debido proceso en la provincia.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y los ministros de Justicia, Ledy Zúñiga, y del Interior, Diego Fuentes, y más autoridades nacionales y locales, analizaron los hechos registrados la semana pasada en el campamento minero de La Esperanza.

“Todos tenemos derecho de protestar a la luz de las normas vigentes, pero lo que no constituye un derecho y es delito es disparar contra ciudadanos y la Policía, y atentar contra la propiedad pública y privada”, expresó Jalkh. Informó, además, que los jueces y fiscales que están a cargo de la investigación y juzgamiento de este caso han recibido amenazas.

 

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