Dos temas cruciales ponen en la mira a la Corte Constitucional

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En manos de sus nueve miembros está el futuro de las siete preguntas del referéndum y la consulta. Más de 140 escritos (amicus curiae) se han presentado ante la CC con pronunciamientos sobre la propuesta gubernamental. Los jueces de este poder del Estado también darán su criterio para un eventual juicio político al vicepresidente Glas.

La Corte Constitucional (CC), según analistas, tiene la fama de gobiernista. Ese calificativo apareció por dos factores principales. El primero, la mayoría de sus nueve jueces pasó, en la última década, por un carrusel de cargos públicos, entre ellos, la Presidencia de la República, ministerios y otros entes estatales.

El segundo argumento se sustenta en que casi todos los miembros de la Corte Constitucional, a su debido tiempo dieron luz verde a cruciales decisiones políticas como el referéndum de 2011 que reformó la estructura judicial del país y las enmiendas a la Constitución de 2015, donde se apalancó la postulación sin restricciones para autoridades de elección popular, entre ellas del Primer Mandatario.

Esta conformación es criticada, por ejemplo, por Ramiro Aguilar, exasambleísta y excandidato a la Vicepresidencia de la República. Él asegura que esta CC que está vigente es otra creación del ‘correísmo’, que ahora pasa su factura por los errores.

La Constitución de Montecristi convirtió a esta Corte en el organismo más poderoso del país. Además, de ser el órgano máximo de interpretación de leyes, tratados internacionales, con la atribución para rectificar jurisprudencia en derechos humanos, entre otras.

Ahora, entre sus potestades está la de poder revisar fallos judiciales en última instancia, una facultad que antes era exclusiva de los miembros de la Corte Nacional de Justicia.

Los jueces constitucionales también están libres del control político de sus acciones. Es decir, la Asamblea Nacional no puede tocarlos ni destituirlos. Y en caso de que sean indagados por la Justicia ordinaria, el tema debe ser tratado por la Fiscalía General del Estado y por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, al máximo nivel.

Con esta relevancia, la conformación de la Corte Constitucional se convirtió en clave. Desde 2008 se realizaron dos procesos públicos de selección de sus integrantes. En ambos tuvo protagonismo la actual vicepresidenta del organismo, la jueza Pamela Martínez. Por ejemplo, el primero (en el año 2012) fue la presidenta de la Comisión Ciudadana que calificó los méritos profesionales y las pruebas de los candidatos.

En 2015 se realizó el segundo concurso y en ese proceso Martínez obtuvo la calificación más alta hasta ahora conseguida por algún aspirante: 100 sobre 100. Antes de llegar a la Corte Constitucional, ella fue asesora, rango 1, del expresidente Rafael Correa.

En el resto de ganadores de los concursos públicos se repite la misma tendencia. Su vida profesional estuvo ligada a la Revolución Ciudadana.

Vía Medios Públicos