Correa plantea revisar medida de prisión por deuda de alimentos

 

En el 2015 la Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico General de Procesos (Cogep) que modificó el juzgamiento de casos civiles como las demandas de pensiones alimenticias y dejó insubsistente la prisión para los obligados subsidiarios, entre ellos los abuelos que estaban siendo aprehendidos por las deudas de sus hijos.

La medida fue aplaudida por varios sectores porque, incluso, se dispuso que la detención del deudor principal se disponga luego de dos o más cuotas impagas, y solo por 30 días; así como la prohibición de salir del país. La pena aumentaba a 60 días si había reincidencia.

No obstante, ante la demanda de inconstitucionalidad que presentó Javier D. en contra del primer inciso del artículo 137 del Cogep, que regula el apremio con cárcel por la deuda de pensiones alimenticias, el pasado sábado el presidente de la República, Rafael Correa, dijo que este era un tema que debía ser revisado y corregido inmediatamente.

“Estamos metiendo presos a los inocentes (…). Debe ir preso el que puede pagar y no lo hace”, dijo Correa tras reconocer su responsabilidad en la aprobación del Cogep. “Soy corresponsable porque puse el ejecútese, pero como no soy especialista en el tema, cuando pregunté me dijeron que así es esto en todas partes del mundo…”.

Y con la revisión concuerdan el jurista Salim Zaidán y el asambleísta Christian Viteri (AP), quienes, además, hacen otras observaciones.

Zaidán sostuvo, por ejemplo, que para asegurar el pago de las pensiones los jueces deberían aplicar medidas en contra de los bienes del deudor principal o de los deudores subsidiarios. “Porque el apremio personal se lo utiliza como instrumento de venganza, se está criminalizando la paternidad, ha habido mucho abuso”.

Mientras, el asambleísta manifestó que propondrá que la prisión sea considerada cuando se verifiquen seis meses de pensiones impagos. Además, asegura, pedirá que se revise el tema de regulación de visitas porque hay casos de padres que pese a estar al día no les permiten ver a sus hijos.

“Hay que buscar un punto de equilibrio. Me parece bien que el presidente traiga este tema a debate”, dijo Viteri.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, dijo el sábado que el Ejecutivo se allanará a la demanda de inconstitucionalidad presentada por Javier D., quien, según el presidente Correa, podría demandar al Estado. Por su detención, el hombre de 36 años suspendió el tratamiento de quemioterapia para combatir el cáncer que padece.

Correa criticó, además, que los jueces calculen el monto de la pensión alimenticia en base al sueldo del demandado, sin tomar en cuenta los ingresos económicos del demandante.

Actualmente, hay 869 presos por deudas de alimentos, lo que le representa al Estado un gasto de $ 13.035 diarios. Correa dijo: “cada preso nos cuesta quince dólares diarios”.

Fuente: Universo.

 

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