Cinco años de retraso para edificar las nuevas oficinas del Legislativo

 

 

Corría diciembre de 2012. Los asambleístas de ese entonces celebraban el inicio de obras del proyecto que les iba a permitir tener oficinas, más amplias y seguras, dentro del nuevo complejo legislativo.

Esperaban inaugurarlas sietes meses después, pero su período terminó en el 2013 y se fueron sin conocerlas. Tampoco lo hicieron sus sucesores, cuyas funciones concluyeron en mayo pasado. Los trabajos siguen. Los siete meses se han convertido en 58. La falta de presupuesto, el incumplimiento de contratos y el rediseño del proyecto provocaron que la ampliación del complejo se dilate.

El predio donde debía estar un imponente bloque de siete pisos con oficinas, ahora es usado, en parte, como parqueadero de periodistas y de algunos funcionarios. En el Palacio Legislativo solamente 34 legisladores tienen oficinas. Los de mayor jerarquía: integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y los presidentes y vicepresidentes de las 13 comisiones permanentes.

Los otros 103 están en tres edificios; las ‘favelas’, como los conocen, con una dosis de humor. Los inmuebles no se parecen a los asentamientos de Brasil. Están pintados, con los pisos limpios y nuevo mobiliario. Pero en su estructura se manifiesta el paso de los años. Guillermo Celi, del movimiento SUMA, lidia a diario con el mal olor que proviene de las tuberías del edificio Alameda II.

Ese edificio fue construido por la administración de la Superintendencia de Bancos, en 1956. Su oficina está en el tercer piso. Sube en un ascensor pequeño, para cuatro personas. Se daña con frecuencia por las fallas eléctricas, al igual que el del edificio Dinadep. Este no es apto para personas con claustrofobia. Eliseo Azuero, de la Bancada de Integración Nacional, recuerda que uno de sus asesores se quedó atrapado en el ascensor en dos ocasiones. Ampliar Eliseo Azuero (sentado) trabaja junto a uno de sus asesores en su oficina ubicada en el edificio Dinadep.

 

Él estuvo por más de una hora pidiendo ayuda, hasta que llegara el personal técnico. En ese edificio, el servicio de copiadora también se averió la semana pasada y, según Azuero, se tuvo que acudir al Palacio Legislativo, para sortear el problema. 58 legisladores conviven con esos inconvenientes durante las mañanas y tardes en el Dinadep; 44 oficialistas y 14 opositores. Por las noches, en cambio, la seguridad es la principal preocupación. En especial de los asesores, que son quienes se quedan trabajando sin reparar en la hora.

La calle Juan Murillo es poco iluminada; atrae a la delincuencia. Y las riñas cerca de un centro de diversión nocturno -que se distingue en la penumbra por su iluminación roja de la entrada- hacen que salir sea riesgoso. Por esta y otras razones, la Presidencia de la Asamblea considera una prioridad la culminación de las nuevas oficinas. José Serrano, titular de la función, confirmó que se hace un estudio de los costos. Se espera reducirlos un 30%. Luego se presentará el proyecto al Ministerio de Finanzas para su aprobación.

En diciembre próximo está previsto que se inauguren dos bloques de parqueaderos y una plaza. Ampliar Guillermo Celi, del bloque de SUMA, camina por uno de los pasillos del edificio Alameda II, en el norte de Quito. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO. El proyecto de ampliación ​ En 2011, la Asamblea Nacional compró al Consejo de la Judicatura el edificio del antiguo Palacio de Justicia, que estaba junto a sus instalaciones. Se pagó USD 4 millones. La idea inicial era hacer solamente una adecuación. Pero en el 2013 se definió que una refacción sería más costosa. Se optó entonces por la demolición y posterior construcción. Del antiguo Palacio solo queda una parte del muro de piedra que formaba su fachada.

En el extremo sur de ese predio se avanza con las obras; el jueves 9 de noviembre de 2017 hubo unos 10 obreros. En una parte del terreno se ven columnas, varillas, arena y cemento. En otra parte, en cambio, se observan andamios y una pala mecánica. También hay restos de los escombros que dejó la demolición de la antigua edificación. Los obreros a cargo prefirieron no hablar de lo que hacían ahí. Las respuestas -dijeron- las tiene la actual administración. El proyecto de Complejo Legislativo se concibió en tres fases, con un monto de inversión de USD 40,7 millones. La primera comprendía la restauración de la Casa Lasso-Conto, que terminó en 2013. La segunda para la construcción de los bloques de parqueaderos en la avenida Juan Montalvo y la calle Piedrahíta (los que se inauguran en diciembre). En la tercera fase constan las oficinas para los legisladores.

El examen de Contraloría DAPyA-0050-2016 analizó los avances de la obra hasta mayo de 2016. En ese documento se señala que en diciembre de 2012 la Asamblea suscribió un contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército por USD 26,5 millones. Había un plazo de entrega de 7 meses, desde el pago de un anticipo del 50%. Hubo retrasos y el 3 de diciembre de 2012, el CAL dio por terminado el contrato.

El 15 de abril de 2015, la Asamblea firmó un convenio con el Servicio de Contratación de Obras, para que realice otra contratación. Entonces, Gabriela Rivadeneira era la presidenta. Proyectó que las oficinas se entregarían a finales del 2016. Tampoco ocurrió. Ella no quiso hablar del tema con este Diario, la semana pasada. Los actuales legisladores guardan la esperanza de poder inaugurar las oficinas. Y que las ‘favelas’ se conviertan en una anécdota más para contar.

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